La voluntad del legislador para conservar la completa independencia y autonomía del revisor fiscal, es que su designación, fijación de remuneración y remoción solamente puede hacerlo la asamblea, en este caso de copropietarios.
Un contador público está obligado a cumplir los principios fundamentales y de independencia, y su incumplimiento podría hacerlo acreedor a las sanciones disciplinarias que se deriven de ello.
La única excepción para que el empleador no solicite autorización de despido al Ministerio del Trabajo en situaciones como las mencionadas en su consulta es cuando la empresa entra en proceso de liquidación o disolución.
