La esencia central de la sentencia se centra en la compleja dinámica financiera que rodea la devolución de aportes de los socios durante el proceso de liquidación de una sociedad.
La sentencia aborda la controversia en torno a la exigencia de una visa específica para demostrar el ánimo de permanencia y obtener una tarjeta profesional en el contexto de migrantes venezolanos en Colombia.
La sentencia tiene importantes implicaciones para ISA y otras empresas del sector energético que hayan celebrado contratos de estabilidad jurídica. Ahora, podrán registrar el pago de la prima de estabilidad jurídica como un gasto deducible en sus declaraciones de impuestos.
los empleadores del sector público y privado, y los trabajadores dependientes e independientes que hayan hecho uso del mecanismo contemplado Decreto 558 de 2020, contaran con 36 meses a partir del 1 de junio de 2021 para efectuar el aporte de la cotización faltante, sin el pago de mora.
