La Procuraduría General de la Nación ha solicitado a la Corte Constitucional que declare la inconstitucionalidad de la reforma pensional promovida por el gobierno del presidente Gustavo Petro, aprobada por el Congreso en 2024.
Esta solicitud fue presentada a raíz de una demanda interpuesta por la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, quien argumentó que el proceso legislativo de la reforma tuvo serias falencias, especialmente en cuanto al debate en la Cámara de Representantes.
En el concepto enviado a la Corte, la procuradora Margarita Cabello señala que la reforma violaría varios principios constitucionales, incluyendo la falta de un debate adecuado en la Cámara, lo que configuraría un vicio legislativo «insubsanable».
La reforma fue aprobada en un único bloque, sin una discusión detallada de los cambios introducidos por los senadores, y en un tiempo extremadamente corto, lo que habría eludido un examen profundo de los 95 artículos de la ley.
Uno de los puntos más criticados en el concepto de la Procuraduría es el artículo 84 de la reforma, que establece una carga tributaria sobre las pensiones superiores a 1.000 UVT (Unidades de Valor Tributario). Según la Procuraduría, esta medida es regresiva y afecta el principio de progresividad de los derechos sociales, ya que establece una tributación adicional que afectaría a los pensionados de mayores ingresos, sin que se justifique adecuadamente su impacto en el sistema de seguridad social.
Adicionalmente, aunque se considera que el artículo 93, que establece un sistema de jubilación para grupos étnicos, no vulnera la Constitución, la Procuraduría argumenta que la reforma en su conjunto debe caer por el vicio de falta de debate.
Según Margarita Cabello, el procedimiento seguido en la Cámara no garantizó un análisis suficiente de los 500 cambios que se introdujeron en el texto aprobado en el Senado.
La Corte Constitucional ya está estudiando varias demandas contra la reforma pensional. Además de la presentada por Paloma Valencia, hay otras que están siendo analizadas por diferentes magistrados, como la interpuesta por miembros del Centro Democrático, la representante Katherine Miranda, y el senador Carlos Fernando Motoa.
Este es un nuevo capítulo en la disputa sobre una de las reformas más polémicas del gobierno de Petro, que busca cambiar el sistema pensional del país. La decisión de la Corte Constitucional será crucial para definir el futuro de esta reforma.
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