Reconocimiento Tributario del Contrato de Cuentas en Participación: Sentencia sobre Modificación de Declaración de Renta por la DIAN.

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Reconocimiento Tributario del Contrato de Cuentas en Participación: Sentencia sobre Modificación de Declaración de Renta por la DIAN.

Resumen del Caso

El Consejo de Estado estudió la legalidad de los actos administrativos mediante los cuales la DIAN modificó la declaración de renta del año 2013 de una sociedad, rechazando costos de venta, imponiendo un mayor impuesto y sancionando por inexactitud.

La DIAN argumentó que la empresa no había registrado correctamente el contrato de cuentas en participación en cuentas de orden, por lo que desconoció deducciones por pagos de utilidades a los partícipes inactivos, compras de ganado, comisiones por ventas en el exterior y servicios de transporte de ganado.

El Consejo de Estado revocó parcialmente la decisión de la DIAN, anulando algunos de los actos administrativos y reconociendo los costos de venta, bajo el criterio de que la falta de contabilización en cuentas de orden no impide el reconocimiento tributario del negocio, siempre que se demuestre su realidad mediante otros medios contables y documentales.

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Puntos Claves del Fallo

1. Naturaleza del Contrato de Cuentas en Participación

Según el Código de Comercio (artículo 507), este contrato permite que un gestor realice operaciones mercantiles en su propio nombre, dividiendo las utilidades o pérdidas con partícipes ocultos o inactivos, sin que se constituya una nueva persona jurídica.

En términos fiscales, el socio gestor debe reflejar en su declaración todos los ingresos, costos y deducciones, y puede tratar como costo deducible las utilidades pagadas a los partícipes inactivos.

2. Registro Contable y Cuentas de Orden

Las cuentas de orden son registros contables que informan hechos económicos que no pueden mostrarse dentro del balance, pero que afectan la estructura financiera de la empresa.

La DIAN rechazó las deducciones porque la empresa no registró el contrato en las cuentas de orden 1260, 9135, 94 y 2840, como exige el Decreto 2650 de 1993 y la doctrina de la Superintendencia de Sociedades.

Sin embargo, el Consejo de Estado reiteró que la ausencia de este registro no impide el reconocimiento tributario, siempre que la operación se acredite por otros medios contables y documentales.

3. Pruebas que Acreditan la Realidad del Negocio

El Consejo de Estado encontró evidencia de que el contrato de cuentas en participación era real y estaba soportado en:

• Contratos firmados entre la empresa y 26 partícipes.
• Comprobantes contables de ingresos y egresos.
• Facturas de venta de ganado a clientes en Venezuela.
• Registros en estados financieros y auxiliares contables.
• Práctica de retenciones sobre las utilidades pagadas.

Estos documentos permitían seguir la trazabilidad de las operaciones desde la suscripción hasta la liquidación del contrato, confirmando la realidad de los costos reclamados.

4. Procedencia de la Deducción por Pago de Utilidades

La DIAN también argumentó que los partícipes no podían deducir costos asociados a las utilidades porque el gestor asumió todos los costos y gastos.

El Consejo de Estado rechazó esta afirmación, señalando que:

• El aporte del partícipe es un costo para él, porque representa una inversión en el negocio.
• Los partícipes declararon renta en 2013, lo que respalda la operación.
• El RUT de los partícipes indicaba actividades económicas diferentes, pero esto no es prueba suficiente para desconocer la realidad del negocio.

Por lo tanto, se reconoció la deducción de $9.767.846.000 por pagos de utilidades a los partícipes inactivos.

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Conclusión

El Consejo de Estado anuló parcialmente los actos administrativos de la DIAN y reconoció la deducción de costos de venta, al considerar que la falta de registro en cuentas de orden no impide el reconocimiento tributario, siempre que la operación se pueda acreditar mediante documentos contables y financieros.

Este fallo reitera que la realidad económica prima sobre la formalidad contable, y que la DIAN debe evaluar las pruebas aportadas antes de rechazar costos y deducciones.

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