La Corte Constitucional ha ordenado permitir el teletrabajo o el traslado a un municipio cercano si no hay vacantes disponibles, para proteger los derechos laborales y familiares de la trabajadora.
Si el empleador no demuestra el pago de cotizaciones a la seguridad social y contribuciones parafiscales, la terminación del contrato no tiene efecto legal y es considerada inválida.
La Corte Constitucional obliga a los empleadores a implementar un protocolo específico con enfoque de género para manejar denuncias de acoso laboral y sexual.
Según la Corte Suprema de Justicia, las dificultades en la devolución de aportes no eximen a la administradora de reconocer la pensión de sobrevivientes.