Según el Consejo de Estado, basta con demostrar que las indemnizaciones son necesarias para garantizar la continuidad de las actividades productoras de renta.
La normativa establece causales claras para la terminación del contrato laboral, que incluyen la muerte, mutuo acuerdo, finalización de la obra, y otros. En ciertos casos, como la clausura del establecimiento, se requiere autorización del Ministerio de Trabajo.
El Consejo de Estado confirmó que los rentistas de capital deben ser considerados económicamente activos y, por lo tanto, obligados a contribuir al sistema de seguridad social.
Los contratos por obra o labor específica efectivamente tienen normas y derechos diferentes en comparación con los contratos indefinidos. En un contrato por obra o labor, el vínculo laboral está condicionado a la realización de una tarea o proyecto específico, y termina cuando este concluye. Esto afecta la estabilidad laboral, ya que el contrato no garantiza empleo continuo una vez finalizada la obra.