Consulta Popular 2025: El Ministerio del Trabajo Colombia y la Lucha por Reactivar los Derechos Laborales en Medio del Debate Político.

Las 12 preguntas de la consulta popular responden a las reivindicaciones sociales de las y los trabajadores colombianos
Los interrogantes para las y los ciudadanos tienen que ver con un derecho que fue desmontado de la legislación colombiana.

Los desafíos jurídicos que enfrenta la implementación de la consulta popular como mecanismo de participación ciudadana que promueve el Gobierno Nacional, y sus puntos claves, que beneficiarán a las y los colombianos, fueron expuestos por el ministro del Trabajo Antonio Sanguino, quien puntualizó que “no es una plataforma electoral”.

La exposición la realizó en el marco del foro ‘Consulta Popular: ¿un mecanismo viable para impulsar las reformas?’, organizado por la revista Cambio.

“Nosotros estamos proponiendo una consulta con preguntas que tiene consecuencias legislativas y de política pública, las cuales son absolutamente claras en esa dirección. Esto es un debate político entre los que quieren cambios y los que no los quieren, y eso va a tener consecuencias ahora y a futuro”, dijo Sanguino.

El jefe de la cartera laboral, sostuvo que en el marco de la Ley 1757 del 2015, el Congreso de la República tiene la obligación de legislar sobre la consulta popular, si esta supera el umbral y es aprobada por los y las colombianas, tal como está expuesto en el artículo 42 y en el caso de que el ente legislativo no lo hiciera, el Presidente de la República, podría aprobar las leyes dirigidas a dar cumplimiento al mandato popular por decreto, en un plazo no mayor a 15 días.

“Nosotros queremos que la conversación pública y el diálogo se dé alrededor de los derechos de los trabajadores, de esos 25 millones de colombianos y colombianas que componenen nuestra fuerza laboral y de los que serán trabajadores en el futuro inmediato, en el mediano y largo plazo, así que este foro hace parte de esta discusión”, anotó Sanguino.

El Ministro compartió panel con Rodrigo Uprimny, jurista experto en derecho constitucional; María Margarita Zuleta, directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes; Alfonso Gómez Méndez, exprocurador, exfiscal General de la Nación y exministro de Justicia y Joaquín José Vives, exmagistrado del CNE.