¿Las adquisiciones de bienes y servicios destinadas a la operación Sistema nacional penitenciario y carcelario, estarían cobijadas por la exclusión del IVA?

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Consulta:

Mediante el radicado de la referencia y teniendo en cuenta la exclusión del impuesto a las ventas – IVA establecida en el artículo 130 de la Ley 633 de 2000, el peticionario consulta textualmente lo siguiente:

¿Las adquisiciones de bienes y servicios destinadas a la operación propia de las entidades que integran el Sistema nacional penitenciario y carcelario, en sus sedes administrativas, tales como computadores, licencias de software, fotocopiadoras, UPS para operación eléctrica, elevadores, etc.. estarían cobijadas por la exclusión del IVA?

¿El alcance de la exclusión del IVA puede ser aplicado a bienes consumibles, tales como papelería, elementos de oficina, combustibles, etc.?

¿Cómo deben acreditar las entidades solicitantes de la certificación de exclusión del IVA que los equipos, elementos e insumos requeridos serán destinados a la construcción, instalación, montaje, dotación y operación del sistema carcelario nacional?”

De acuerdo con lo anterior, se encuentra, en primera medida, que la exclusión del IVA de que trata el artículo 130 de la Ley 633 de 2000 no es aplicable sobre la prestación de servicios; esto, teniendo en cuenta que la norma establece expresamente que aplica respecto de los bienes que reúnan las siguientes características:

• Equipos, elementos e insumos, nacionales o importados directamente con el presupuesto
  aprobado por el INPEC o por la autoridad nacional respectiva, y
• Que se destinen a la construcción, instalación, montaje, dotación y operación del sistema
  carcelario nacional.
  Así, en la medida que los bienes cumplan con los mencionados requisitos y sin importar que los mismos sean consumibles o no, o estén destinados a labores administrativas, en su adquisición o importación se podrá gozar de la correspondiente exclusión, toda vez que la norma no los cualifica, siempre que se acredite la destinación exigida por la Ley con la correspondiente certificación escrita expedida por el Ministerio de Justicia y del Derecho.

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